Partidos Políticos y Movimientos Sociales en Nicaragua: La disputa territorial y la legitimidad democrática.[1]
Guillermo Gómez Santibáñez
Director del CIELAC/UPOLI
Palabras Claves: Política, Democracia, Movimientos Sociales.
Resumen
La reconfiguración de los escenarios políticos posdictaroriales en América Latina, ha planteado exigentes desafíos a los viejos actores políticos, acostumbrados a la extensión del sufragio, la representatividad y prerrogativas parlamentarias. Los partidos políticos han ejercido tradicionalmente un peso enorme en el ejercicio del poder y en salvaguardar la institucionalidad, sin embargo, a partir de la década de los años 80 del siglo XX, comienzan a emerger fuertes luchas emancipatorias que reencauzan las acciones políticas en un desplazamiento que va desde la revolución social a las democracias transicionales como interpolación de los procesos sociales. Es la emergencia de un nuevo sujeto social, que redefine el lugar de la política y el lugar de la democracia.
“Es una ilusión o una hipocresía sostener que la democracia es posible sin partidos políticos…la democracia es necesariamente e inevitablemente una democracia de partidos”
H. Kelsen (1929)
Introducción
Los escenarios pos dictatoriales sobre los cuales han tenido que reacticularse los Partidos Políticos y los Movimientos Sociales en Centroamérica, han estado signados por una mala prensa de la política. El ciudadano común mira con reticencia, con desconfianza a los políticos, y ha proyectado un descrédito hacia los partidos políticos y aunque los políticos tengas distintas opciones ideológicas se cree en la práctica que todos son zorros del mismo piñal.
Siendo la política, un arma con una capacidad extraordinaria para la transformación social, y sus teorías un constructo que la convierten en una ciencia fascinante, la conducta política y la manera de hacer política, desprendida de la ética, en nuestros países Centroamericano, ha hecho que ella sea vilipendiada y opacada en su imagen real como arte de lo posible o arte del ejercicio del poder. Quizás esto sea en parte también porque el descrédito moral del hombre político haya sido recogido por pensadores ilustres como Zweig, quien pinta la biografía de Fouché como un hombre, versátil, audaz y desprejuiciado, o porque Ortega y Gasset titula su análisis sobre Mirabeau el político pintando a un individuo que vivió en el linde de lo ilícito e inmoral toda su vida. Será también, quizás, que esto tenga que ver con aquella frase de Lord Acton: “El poder tiene a corromper, y el poder total corrompe absolutamente”.
De todas maneras, tenemos siempre en el debate sobre la clase política y los partidos que ellos representan, un tema necesario para calibrar bajo las siguientes razones:
- Los partidos son imprescindibles para consolidar y profundizar la democracia en nuestra región.
- La ausencia de partidos organizados y el carácter efímero en muchos casos de las coaliciones electorales explican en parte los problemas de la democratización en Centroamérica.
- Sin los partidos políticos no pueden existir la democracia representativa como hoy la concebimos y no hemos inventado todavía un sistema diferente que lo sustituya. No hay avance tecnológico ni instrumentos de expansión de democracia directa (plebiscito, referéndum, etc.) que nos den otra conclusión
- Las sociedades contemporáneas no pueden ser gobernadas por asambleas, como si estas fuesen estados ciudades relativamente pequeñas. Ellas necesitan sus representantes y las intuiciones que proporcionan esos representantes son los partidos.
- Los partidos políticos define la democracia.
Si todo lo anterior es verdad, entonces la institucionalización de un sistema de partidos es condición necesaria, aunque no suficiente, para la consolidación de nuestros regímenes surgidos de las experiencias de democracias pos dictatoriales.
Pero por otra parte, mientras en América Latina la democracia se ha expandido como régimen político, no debemos cerrar los ojos frente a la crisis de legitimidad y representatividad que enfrentan los sistemas de partidos políticos, como también el fuerte cuestionamiento de las instituciones públicas debido a la incapacidad para dar respuesta a las demandas más urgentes de la sociedad y a la desconfianza ciudadana hacia el Estado y sus autoridades.
La década de los años 90 llevó al poder a muchos candidatos que no se consideraban políticos y que provenían de una atmosfera de crisis y desazón de la política tradicional. Esto condujo a profundas transformaciones, tanto como a colapso de los sistemas de partidos que jugaron un papel beligerante durante los años 70 y 80.
La agenda del Consenso de Washington produjo un desmantelamiento de la matriz estatal desarrollista de inclusión social, implementó políticas de ajuste y reconfiguró el papel del Estado subyugándolo al Mercado.
La crisis de representatividad política está referida a la incapacidad de los sistemas de partidos para generar un consenso parcial y canalizar demandas sociales. La figura representativa de los partidos y su capacidad política se vieron seriamente afectada por el conflictivo proceso de ajuste estructural y liberalización económica sobre todo porque los partidos son generadores de discursos, programas y prácticas constitutivas de acciones colectivas democráticas.
Diversos estudios sobre las imágenes públicas de los partidos políticos nos indican que:
- En Centroamérica la población desconfía de los partidos políticos. Esta es una opinión generalizada en distintos niveles
- Se piensa que se ha producido un distanciamiento entre la sociedad y los políticos
- Se cree por otro lado que los partidos políticos han sufrido un estrechamiento de sus funciones y que ahora deben competir con otras organizaciones, como Movimientos Sociales y ONG,s que cumplirían mejor el rol que tradicionalmente le pertenecían a los partidos.
Otro rasgo importante a señalar en este diagnóstico, es que la correlación de fuerzas en América Latina, desde los procesos de consolidación democrática pos dictaduras, han reconfigurado los horizontes políticos con el retorno de las Izquierdas al poder. La Izquierda Latinoamérica tiene, en los nuevos escenarios, una fuerza cada vez mayor y una presencia más decisiva en el escenario político. Los partidos con ideologías de izquierda, han tenido que reinventarse en medio de estos nuevos desafíos, lo que hace que la acción de sus partidos y movimientos sociales tenga un mayor protagonismo e incidencia en las esferas del poder. Este accionar político se expresa en un discurso, un liderazgo, una organización y un programa.
La crisis de legitimidad democrática.
La legitimidad y justificación del poder estatal hunde sus raíces en el legitimismo dinástico y en la idea sacral o sacerdotal de la autoridad gobernante. El desarrollo político de la institucionalidad democrática del siglo XX es posterior a la representación religiosa del poder estatal y llegó virtualmente agotado.
La justificación del poder estatal perdió toda su fuerza persuasiva al querer legitimarse en una sociedad que promueve la igualdad y que ha desacralizado la realidad, desplegando una visión laica del mundo.
En medio de este vacío de significaciones, que le quita soporte legítimo al ejercicio del poder, el carácter democrático de la legitimidad sólo puede venir de la eficacia del consentimiento popular, de la soberanía del pueblo. Esta perspectiva de poder ciudadano, no sólo es funcional al conjunto de circunstancias sociales, sino que se convierte en una idea-fuerza que incita a la imaginación y al compromiso militante.
Un elemento legitimador que quiso sustituir el carácter mágico y la eficacia soberana del poder estatal fue el de la racionalidad ilustrada, que bajo el argumento de la especialización profesional buscó someter las decisiones colectivas a las competencias cognoscitivas. El sentido de esta perspectiva racionalista llevó a creer al tecnócrata que el derecho a gobernar está en su propia competencia y saber y no en el ascenso o la designación popular. La racionalidad técnica y científica, convertida en tecnocracia, busca la aptitud de los medios, no de la moralidad de los fines y por tanto no puede ofrece las respuestas deseadas. Poder y conocimiento sólo puede convencer al ciudadano medio porque plantea la ida de la idoneidad de los dirigentes y por que presupone que el comportamiento de éstos últimos encausará sus acciones y su desempeño político dentro de la legitimidad democrática que la investidura les demanda.
La idea de democracia y su encarnizada lucha por apropiársela ha conducido a una desemantización del término y ha reducido el concepto a un simple nudo de connotaciones que ha generado dura resistencia a cualquier intento de aclaración o verificación.
Las vías que se han seguido para establecer posibilidades de legitimación democrática, al menos en nuestra región Latinoamericana, han sido, por un lado, la legitimidad al crédito, es decir, la que ha instalado dictaduras militares bajo el reconocimiento tácito que el régimen de fuerza es un esfuerzo represivo al servicio del rescate y defensa de la democracia. Esta legitimidad al crédito tiene un carácter de invocación al futuro para revertir el presente repulsivo y redimirlo. Esta invocación tiene un sentido sacrificial, pues la brutalidad y el horror son pasajeros para recibir la recompensa de tiempos mejores. El orden de facto amortigua la hostilidad y la desesperación de la gente aludiendo a la democracia como factor hipotético de compromiso y fidelidad a una forma política provisional para conseguir la credibilidad tanto en el plano nacional como internacional. Por otro lado, se constituye también en legitimador, la metafisización de la democracia, es decir, esta deja de ser un conjunto de métodos e instrumentos empíricos que hacen posible algún nivel de ejercicio de poder ciudadano para transformarse en una cualidad inherente a la acción de cierto agente social, ya sea clase social, etnia, partido, sindicato o movimiento social. Un elemento muy interesante de esta metafisización es el papel que juegan las vocerías de estos agentes sociales, como el de proclamar el compromiso consustancial de sus representaciones institucionales con los objetivos materiales que el proceso democrático quiere viabilizar; tales como la igualdad, la libertad, la participación, la justicia, o el bienestar popular. En nombre de esa proclama y su vocería se erigen como auténticos representantes de la causa democrática e intérpretes autorizados.
El lugar de la democracia
Las corrientes minimalistas suelen definir la democracia como un mecanismo o procedimiento para la elección de gobernantes. Esta definición reduccionista de la democracia, usada principalmente por políticos, constituye un recorte institucional que facilita el trabajo, mejora las relaciones y sirve como un modo de resolución de conflictos.
El neoliberalismo, que se ha impuesto como un proceso de reforma del estado, ha estado acompañado de un discurso que ha consolidado la democracia básicamente a un régimen procedimental, es decir, como competencia y negociación y no como construcción y aprendizaje colectivo. Bajo el procedimentalismo democrático, el neoliberalismo reedita la vieja democracia liberal en el cual los individuos aparecen un instante en la política para renovar periódicamente la entrega de su libertad al estado. Esta es una práctica ritual del mito del contrato social que viene a constituir al Estado. En la democracia liberal, el rito de legitimación y renovación del contrato social consagra la entrega de la libertad de los individuos en cada momento electoral. Bajo la mentalidad del modelo de mercado el rito es renovado y realizados por aquellos que deciden ser mediadores de la entrega de la libertad de otros. El procedimentalismo es un modo de neutralizar y reducir lo social. De aquí entonces que el neoliberalismo es la negación de la racionalidad democrática pues impide la coexistencia de varias alternativas de desarrollo imponiendo una definición monolítica de la estrategia de desarrollo económico que desmonta las formas y los espacios políticos que son un obstáculos a la transnacionalización de los procesos de acumulación y apropiación del plusvalor del relanzamiento del capital.
La reforma neoliberal en América Latina ha sido des democratizadora por cuanto ha permitido a muchos sostener una estrecha relación entre mercado y democracia (tercera ola). Esto ha significado que la democracia se ha organizado como competencia y selección en función del capital y de las élites gobernantes. En tanto los sistemas de partidos experimentaron un vacío de significado y un extraordinario predominio de los empresarios, según las demandas de sus inversiones, el neoliberalismo redefinió y rediseño la democracia de acuerdo a sus propios intereses y se convirtió en la conciencia y discurso monopólico que quiere reducir el peligro redistributivo y el de las limitaciones a la acumulación.
Un aspecto que considero necesario dejar en claro es que la democracia está incorporada en nuestro imaginario social pero ha sido delimitada al marco estrictamente electoral. Los partidos políticos han explotado muy bien esto en su beneficio. Lo que hay que señalar, sin embargo, es que la democracia no nació, ni se ha perfeccionado en la modernidad, como un procedimiento meramente electoral. De acuerdo a la tradición aristotélica la democracia es un proceso social y político que nace cuestionando la propiedad oligárquica de la riqueza y su efectiva pero parcial redistribución de la misma. La idea de democracia y su práctica, históricamente han servido como termómetro y regulador de las formas de gobierno y su participación deliberativa de cara a reducir la desigualdad social y económica.
En el discurso neoliberal la democracia es procedimental, apela a su forma y a su contenido, pero es discontinuo en su aplicación, en su lugar y tiempo, debido a que se desplaza permanentemente. Para muchos, en principio, la democracia es resolución de conflictos, ya que se tiene la idea que aplicación y el respeto a ella deviene en paz y justicia, pero lo que en verdad sucede es que la democracia es un planteamiento de un conflicto específico en torno a algún tipo de desigualdad existente. En esto hay un asunto clave; la democracia no es la simple solución de un problema colectivo, sino el desarrollo de una forma política que implique el ejercicio de la igualdad.
Aquí hay un aspecto muy importante que quiero subrayar; los partidos políticos, tanto de izquierda como derecha en Nicaragua, deben tener bien claro que la democracia no es la conquistar del poder para tener poder y defender privilegios, sino que el poder se conquista para ejerce la igualdad política para atacar la desigualdad social y económica entre tantas otras forma de desigualdad social. Cuando esto no sucede en la vida política, de manera regular y en la forma de gobierno vigente, entonces los impulsos democratizadores se generan de manera endógena al sistema y los conflictos son planteados por fuerzas sociales y políticas constituida o reconstituida para problematizar algunas desigualdades o algún aspecto del conjunto de desigualdades existentes.
Los procesos democratizadores pueden ocurrir cuando se cuestiona el orden establecido y sus desigualdades. Estos no siguen procedimientos, sino que los desbordan debido a que los procedimientos existen para reproducir las cosas como están ahí, donde se dan las desigualdades.
Comparto la afirmación de J. Rancieri, de llamar orden policial al sistema institucional que mantiene el lugar para cada clase, grupo, individuo, y a la desigualdad organizada y reproducida en lugares y jerarquías.
Por eso me atrevo a decir que en Nicaragua, como en América Latina en general, no hemos tenido verdadera democracia nunca, y los llamados procesos democratizadores transicionales o pos dictatoriales y pos transicionales no han sido más que remedos de democracia. Lo que ha imperado en nuestras seudodemocracias han sido “plutocracias”. Las democratizaciones ocurren cuando se constituyen sujetos con autonomía que atacan y modifican el orden policial existente por algún lado o en su totalidad y cuando estos surgen de revueltas igualitarias o de procesos que buscan reformas en la distribución del poder político y socioeconómico para reducir su carácter monopólico.
El lugar de la democracia no está en los sistemas de partidos, ni en las urnas del sistema electoral, ni en las instituciones del Estado, esto no son más que puntos críticos de tránsito de su desplazamiento y de su expresión procesual del poder político. El lugar verdadero de la democracia está fuera del orden policial, está en su negación. Las revueltas sociales y las crisis políticas que Nicaragua ha tenido en sus últimos treinta años, no han sido más que un cuestionamiento al orden policial organizado por el sistema liberal y neoliberal que ha reproducido el eje colonial. Los partidos políticos están en crisis porque estos proceso y lugares se han vaciado de política democrática han sido presa de la corrupción y se han convertido en instrumentos funcionales al sistema que legaliza la concentración del poder y el excedente.
Finalmente, sobre este punto, el lugar de la democracia está precisamente en los tiempos de crisis. En Nicaragua vivimos esta crisis. La llamada “crisis de la institucionalidad”, de los “poderes de facto”, no es más que el planteamiento de las disputas por el excedente, la soberanía y la igualdad política producidas por la autonomía de sujetos y autonomías políticas críticas. El lugar de la democracia es hoy la disputa por la territorialidad de los diferentes grupos y movimientos sociales, algunos auténticos y otros pseudos. La democracia no tiene lugares privilegiados como un sistema de partidos, el conflicto social y la libertad colectiva trabajan y organizan su comunicación fuera del orden policial y es aquí donde se producen los lugares de la democracia como conjunto de puntos críticos. Curiosamente la democracia se reduce cuando las desigualdades se estabilizan y legalizan y lamentablemente los sistemas de partidos han sido instrumentos para legitimar las desigualdades. La democracia al ser un régimen de redistribución del excedente, necesita financiarse con parte de ese mismo excedente, pues eso demuestra su capacidad de retención política como Estado. Un Estado que no tiene capacidad para autofinanciarse no es democrático. Las actuales reforma que ha experimentado el Estado, como resultado de las política neoliberales, han entregado el excedente nacional al capital oligárquico local y al transnacional.
En Nicaragua ha sucedido que el lugar de la democracia ha sido un fuerte cuestionamiento a los ejes colonialista y neoliberales que han reafirmado el diseño que nos dice que debemos trabajar para otros y obedecer la voluntad de los monopolios.
Los movimientos sociales y la desterritorialidad de la política.
Debemos decir en primer término que el lugar de la política ha sido el conjunto de estructuras sociales y los diferentes modos de acción en que a ellas se ha respondido. Los lugares de la política son definidos por la forma de la sociedad, sus diversos escenarios de institucionalización y la acción de legitimización de de las mismas.
El Estado moderno ha complejizado y diversificado el espacio central de la política reproduciendo varios lugares de representación de los gobernados; la división de poderes y el ejercicio del poder gubernamental. Este proceso de diversificación y ampliación de los lugares de la política obedece a dos factores de desarrollo histórico del Estado; la ciudadanía y la democratización y la diversificación y complejidad estructural de lo moderno. Institucionalización y ciudadanización son dos dimensiones que se relacionan en el funcionamiento del Estado. El proceso de ciudadanización se ha convertido en el espacio de representación y legislación del Parlamento en un sistema presidencialista, bajo el reconocimiento de un conjunto de derechos políticos que se ejercen para acceder al lugar central de la política. Sin embargo, la sociedad civil también se ha constituido en un lugar donde es posible la práctica de la política fuera del Estado. La Sociedad civil es un conjunto de lugares en los que se organiza también la vida política no estatal.
En la medida en que las instituciones de la sociedad se han estabilizado y delimitado, organizándose en su diferenciación y estructura social, se han convertido en un conjunto de lugares en que se hace política y se vuelve así en puente o medicaciones de las demandas al interactuar hacia dentro de la sociedad civil y hacia el Estado.
Por el contrario, si los sujetos y prácticas de los momentos políticos de la sociedad civil que despliegan su acción en relación al Estado y la política nacional, rebasan, explosionan y desplazan esos lugares de la política, es muy probable que esté emergiendo un movimiento social.
¿Cuáles son los principales rasgos que identifican y caracterizan a un movimiento social?
La realidad de los movimientos sociales hoy en América Latina es compleja y ambivalente. A partir del quiebre del consenso neoliberal se empiezan a gestar nuevas alternativas emancipatorias que complican incluso las relaciones entre movimientos sociales y partidos de izquierda o centroizquierda.
Se suma a esto un nuevo peligro que advierte la profundización del modelo extractivo-exportador acompañado de la acentuación de la criminalización de la protesta social, la tendencia al cierre del espacio público en nombre de la seguridad, la militarización de los territorios, la firma de liberalización comercial y el tratamiento y la aprobación algunos casos, de leyes antiterroristas en algunos países del continente.
La configuración del mapa social de A.L. ubica las diferentes luchas y movimientos sociales que plantean un serio cuestionamiento a los actuales regímenes de dominación y que se pueden clasificar en dos tipos:
1. Movilización del sector público que ponen de relieve las fronteras de la precariedad. Esto incluye los ámbitos de la salud, la educación, servicios públicos, luchas sectoriales orientadas al Estado (ej. Las demandas del Instituto de Defensa al Consumidor, la lucha estudiantil en Chile)
2. Movilización que ponen de relieve la exclusión. Movilizaciones urbanas y rurales de característica territorial. Se trata de luchas por demandas de infraestructuras básicas y trabajo, hasta la lucha contra el saqueo de bienes naturales y contra la contaminación del medio ambiente (ej., campesinos, indígenas, TCP.). Estas se orientan tanto al Estado como al sector privado.
Las dimensiones del Movimiento Social las podemos distinguir por lo siguiente:
a) Territorial: este no es sólo un espacio de resistencia, sino también un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. UN espacio de auto-organización comunitaria, constitutivo de los Movimientos sociales.
b) Despliegan una acción directa: no optan por lo convencional y su acción es disruptiva, como una herramienta de lucha generalizada. El agotamiento de la crisis de las mediaciones institucionales y la asimetría de fuerzas hace surgir una fuerza destituyente que n implica una acción instituyente.
c) Democracia directa: esta toma diversa formas a partir de la acción colectiva no institucional. Esto es por la política institucional devino cada vez más autorreferencial, ligada a una democracia delegativa, decisionista. La democracia directa adquiere una forma directa, asamblearia, horizontal, no jerárquica.
d) Demanda de autonomía: atraviesa desde los pequeños colectivos culturales hasta grandes estructuras territoriales u organizaciones de masa. La autonomía aflora como un eje organizativo y estratégico que remite a la autodeterminación.
Finalmente podemos decir que un movimiento social emerge cuando la acción colectiva desborda los lugares estables de la política, tanto al interior de la sociedad civil como hacia el Estado. Se alimenta buscando solidaridades y aliados que avalen y certifiquen su cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social y de las formas de organización de la sociedad, del estado y del gobierno. Los movimientos sociales tienen un tipo de configuración nómada de la política, no tienen lugar fijo, ellos se desplazan de la política institucionalizada hacia los lugares de fluidez, es decir, modos de politización de lugares sociales o conjunto de estructuras y relaciones sociales que habían sido neutralizadas o despolitizadas y por lo tanto legitimadas en su forma de organización de algunas desigualdades. Los movimientos sociales suelen hablar de aquello que no tiene lugar en la sociedad y no forma parte de la agenda social, se habla de la ausencia de lo deseable y de lo que es posible conquistar en el movimiento y en la reforma de los espacios políticos existentes. Si una acción colectiva que no circula por los diversos lugares, promoviendo sus objetivos, sus demandas, sus luchas, abriendo debates de temas sociales que son deseables y que se articulan en una ola de agitación y de desorden mediante las formas tradicionales e institucionalizadas de la política, entonces no es un movimiento social.
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[1] La presente ponencia fue presentada en el I Congreso Nicaragüense de Ciencias Políticas realizado en la UNAN, Managua, del 21 al 23 de septiembre de 2011.
