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martes, 6 de abril de 2010

Seguridad alimentaria

La Defensa de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en el Contexto de Crisis Internacional- Perspectiva de la Sociedad Civil Nicaragüense”

“Yo tengo la audacia de creer que las personas en todas partes puedan
tener tres comidas por día para sus cuerpos, educación y cultura para
sus mentes, dignidad, equidad y libertad para su espíritu.”

Martin Luther King Jr.,
durante su discurso de Premio Nobel de la Paz 1964


Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha aprendido a dominar la naturaleza mucho antes de haber aprendido a dominarse a sí mismo.

Albert Schweitzer (1875-1965) Filósofo, médico y escritor alemán.


I. Los Conceptos

Soberanía Alimentaria: es el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades .

Seguridad Alimentaria: Existe seguridad alimentaria "Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”

II. Presentación

La agenda nacional de la clase política y los grupos de poder no registran en sus plataformas los conceptos de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, y el Movimiento Social en particular, han asumido el reto de visibilizar tales conceptos a través de acciones que en la mayoría de casos se ven minimizadas por un modelo socioeconómico que ubica el acceso a los alimentos no como un derecho humano sino como simples mercancías; y a quienes demandan alimentos no como seres humanos sino como consumidores .

Desde la perspectiva del Estado la Soberanía y Seguridad Alimentaria debe considerarse, además de un tema inherente al Desarrollo Humano , un tema de Seguridad Nacional . La Soberanía y Seguridad Alimentaria están vinculadas a áreas estratégicas de la nacionalidad nicaragüense: economía campesina, herencia cultural, medioambiente y salud pública .

Según el Diálogo Rural Iberoamericano , “si bien no es fácil hacer pronósticos para los años venideros, los precios de los alimentos básicos deberían caer –y de hecho es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses-, pero marcando un nuevo piso del cual no descenderán fácilmente. Los precios no volverán a los niveles experimentados a inicios de siglo. Esto hace que se mantengan los riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional”.

Las crisis cíclicas del sistema repercuten en los mercados productivos, el incremento de precios no beneficia a los productores y campesinos; las ganancias se atascan en las cuentas de las grandes corporaciones. Los insumos productivos, perniciosos y no perniciosos, dependientes de las importaciones aumentan sus precios vertiginosamente, y a quien corresponde pagar esa factura es a los más pobres. El mercado global no cubre a todos “globalmente”.

En el plano medioambiental las amenazas son latentes; en el corto plazo se seguirán produciendo ciclos estacionales inestables (sequías, lluvias intensas), el despale indiscriminado y sus consecuencias (erosión acelerada de los suelos, traslado de agrotóxicos y otros contaminantes hacia los cuerpos de agua superficiales y subterráneos) y la permanencia de prácticas productivas agresivas (tumba-roza-quema) son entre otros algunos de los factores que limitarán en el futuro cercano las capacidades productivas del país.

En una escala global los efectos medioambientales están fuera de una capacidad nacional de respuesta; el cambio climático (calentamiento global y manifestaciones de megafenómenos meteorológicos) y sus consecuencias en los próximos 20-30 años son poco o nada considerados en la matemática socioeconómica y ambiental de nuestras instituciones públicas y privadas .

El escenario para Nicaragua no es nada alentador; la factura de importación de alimentos está al alza (datos de la Dirección General de Aduanas indican que sólo en maíz amarillo se importaron 34.9 millones de dólares en 2005), a ella le acompaña una marcada política pública de privilegiar a la gran producción agroexportadora vinculada al mercado global. Las leyes se diseñan a la medida de los grupos locales de poder económico y los intereses de las transnacionales, soslayando la enorme masa humana que nos garantiza tener comida sana en la mesa.

En otro orden, la problemática en torno a la propiedad rural sigue sin resolverse, ello restringe la aplicación de políticas públicas referidas al ordenamiento territorial, uso racional de los recursos hídricos, protección de la biodiversidad y uso sostenible de los suelos así como la ejecución de inversiones públicas y privadas que faciliten el mejoramiento del nivel y calidad de vida de los pobladores del sector rural.

Nicaragua carece de un enfoque territorial integral que reduzca los márgenes de desequilibrio territorial urbano-rural así como las brechas en los principales indicadores económico-sociales. Es definitivo que el gasto social actual no revertirá sustancialmente el nivel y calidad de vida de los pobladores en general, particularmente del área rural.

III. El entorno Legal

La Primera Conferencia Internacional sobre Alimentación de las Naciones Unidas (Roma, 1974) aseguró: “Dentro de una década ningún hombre, mujer o niño se acostará con hambre”. Sobra decir en cuántas Rondas, Cumbres, Acuerdos y Resoluciones en donde se han planteado los Objetivos y Metas mejor intencionados, Nicaragua ha sido signataria. Los resultados tangibles y medibles han sido bastante diferentes.

En materia alimentaria y medioambiental poseemos un cuerpo de leyes bastante estructurado, sin embargo existen factores objetivos que obstaculizan la aplicación de dichas leyes: débil institucionalidad, marcada politización del debate, presiones de agentes externos, tráfico de influencias y falta de voluntad política, entre otros. Destacan en este cuerpo de leyes:

1. Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 217)
2. Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620)
3. Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales (Ley 318)
4. Ley de Municipios (Ley 240)
5. Ley Básica de Salud Animal y Salud Vegetal (Ley 291)
6. Ley de Producción y Comercio de Semillas (Ley 280)
7. Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ley 311)
8. Ley de Reforma Agraria
9. Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 28)
10. Ley básica para la Regulación y Control de plaguicidas; Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares (Ley 274)
11. Ley General de Salud (Ley 438)
12. Ley de Defensa de los Consumidores (Ley 182)

También existen importantes atribuciones de las entidades del Sector Público que de ser observadas integralmente cambiarían el actual escenario :

- El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), es el ente regulador de los derechos de los consumidores y la seguridad alimentaria en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. EL MIFIC administra el registro de la propiedad intelectual (patentes), marcas, obtención vegetal, etc.

- El Ministerio de Salud Pública (MINSA), actúa como ente regulador de los temas en salud humana referidos a los productos de la biotecnología; empero, hasta la fecha su competencia no se extiende a la regulación de productos transgénicos, sino únicamente a los derivados de la biotecnología convencional.

- El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), tiene atribuciones definidas para promover, apoyar, asesorar, coordinar y articular acciones referidas al de desarrollo local, participación ciudadana y comunitaria, catastro, investigación, planes de desarrollo, sistemas de información municipal y otros.

- La Intendencia de la Propiedad, órgano especializado del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública, tiene competencias en cuanto a la emisión de títulos de propiedad conforme la Ley de Reforma Agraria, demarcación y titulación de tierras en las comunidades indígenas y áreas protegidas, co-liderear con el MAGFOR, INAFOR, MARENA y MIFIC el proceso de formulación y ejecución de la estrategia y políticas de tierras a nivel nacional, sector reformado, urbano y rural.

Desde las atribuciones de gobierno, Nicaragua ha sido signataria de Acuerdos y Resoluciones que complementan acciones en materia de control biotecnológico:

o Convenio de Diversidad Biológica, (firmado en junio de 1992 y ratificado en noviembre de 1995).
o Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (ratificado en 2002).
o Resolución AP/4 CLXX 2005 del Parlamento Centroamericano en donde solicitan a los gobiernos de la Región el no introducir o liberar transgénicos, e instan a la construcción de marcos de bioseguridad y el retiro de la ayuda alimentaria con presencia de Organismos Genéticamente Manipulados (OGM).

Por otro lado, se encuentran en la Asamblea Nacional varios anteproyectos de leyes pendientes de consulta, discusión y aprobación:

o Ley de Ordenamiento Territorial
o Ley de Fomento de la Agricultura Ecológica
o Ley de Prevención de Riesgos Provenientes de OGM
o Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica
o Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

En general, el cuerpo jurídico-legal vinculante a la Soberanía y Seguridad Alimentaria padece del mismo mal que otras leyes referidas a la vida socioeconómica nacional; no trascienden un carácter indicativo y su margen de aplicabilidad es sumamente reducido.

IV. El contexto

Algunos efectos de los vacíos legales, fragilidad institucional e inaplicabilidad de las regulaciones existentes en materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria:

- Pocas posibilidades de defender y aprovechar el valor económico y estratégico de los recursos genéticos y de la biodiversidad presente en nuestro territorio.
- La prevalencia de poderosos intereses de la industria biotecnológica (medicamentos, semillas, agrotóxicos y alimentos) que valiéndose de mecanismos ilícitos, como la biopiratería, utiliza las leyes de propiedad intelectual para patentar nuestros recursos genéticos bajo sus marcas.
- La introducción de semillas transgénicas producidas por compañías transnacionales, creando dependencia de agrotóxicos fabricados por las mismas y afectando directamente la economía campesina, ya que los agricultores tendrán que pagar derechos para el uso de estas semillas, encareciendo la producción y creando más pobreza.
- En la práctica las políticas agrícolas y ambientales nacionales han estado basadas en modelos de privatización, monopolización y exportación irracional de los recursos naturales.
- La onerosidad de las políticas de apertura comercial que prácticamente nos deja indefensos frente al potencial peligro para la seguridad alimentaria, el medio ambiente y los recursos genéticos.
- La vulnerabilidad generada por la subalimentación de nuestra población más empobrecida frente a las donaciones de alimentos de organismos como el Programa Mundial de Alimentos y la Agencia Internacional para el Desarrollo del gobierno de Estados Unidos . La siguiente tabla es elocuente:
Fuentes potenciales de ingreso de Organismos Genéticamente Manipulados seleccionadas en el proceso de monitoreo.
País Producto
Guatemala Ayuda Alimentaria
El Salvador Ayuda Alimentaria y Semillas de empresas agroimportadoras
Honduras Ayuda Alimentaria
Nicaragua Ayuda Alimentaria, productos procesados para consumo humano
Costa Rica Semillas nacionales, importaciones de materia prima para empresas nacionales procesadora de alimentos para consumo humano y animales
República Dominicana Productos procesados para consumo humano importados de varios países de América del Sur y semillas de empresas agroimportadoras
Fuente: Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad, Monitoreo 2004.


- La evidente desarticulación de las instancias regionales del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la que en general excluye a los organismos de la sociedad civil en las discusiones y consultas alrededor de los marcos jurídicos de bioseguridad regionales.
- Discrecionalidad del Poder Ejecutivo en los aspectos referidos a la manipulación y uso de los OGMs, los que están regulados por la Ley Nº 290 de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo. En este marco, el Decreto 59-2003 establece que el Ministerio Agropecuario y Forestal tiene la competencia de autorizar posibles aplicaciones de OGMs según dictamen técnico de la Comisión Nacional de Análisis de Riesgos de Organismos Genéticamente Modificados (CONARGEM).

V. Las condiciones de la Nicaragua actual

• La posición tropical privilegiada de Nicaragua en el continente americano se traduce en más de 20 ecosistemas, distintos ricos en biodiversidad .
• Un país de 132 mil Km², el 0.13% de la superficie terrestre mundial, posee una diversidad faunística, florística y geográfica equivalente al 7% del planeta .
• El Corredor Biológico Mesoamericano, existía en forma natural hasta hace pocos siglos. Ha sido fragmentado y sólo quedan bloques grandes de bosques en las ecoregiones Central y Atlántica del país.
• En el Herbario Nacional se han descrito unas 8,550 especies. Nicaragua se encuentra en el rango de distribución de 410 especies aún no colectadas, lo que totaliza casi 9 mil especies identificadas.
• La fauna no domesticada de vertebrados terrestres del país podría estar compuesta por unas 1,200 especies pertenecientes a más de 130 familias.
• En la plataforma continental de unos 80 mil km², considerando profundidades de 0 a 200m. se reporta la existencia de unas 621 especies, tanto de peces como de crustáceos.
• El Programa Campesino a Campesino (PCaC) realizó una investigación sobre semillas criollas de granos básicos en 34 de los 153 municipios que existen en el país. Se lograron identificar 114 variedades de maíz, 121 de frijol, 18 de leguminosas comestibles, 24 variedades de sorgo y 8 de arroz, lo cual da una idea de la enorme biodiversidad existente en el país .
• Según datos del MAGFOR, el país dispone de una área para la agricultura que representa 1.9 millones de manzanas y un área para la explotación ganadera de 1.4 millones de manzanas.
• Sin embargo sólo se cultiva un área total de aproximadamente un millón de manzanas anuales, cuando se podría cultivar un área cinco veces mayor con tres cosechas anuales.
• La agricultura bajo riego no alcanza el 10% del área sembrada, y se focaliza en tres rubros principalmente: caña de azúcar, arroz de riego, y en menor medida el banano.
• El sector agropecuario aporta el 26% a la conformación del PIB, agricultura con 16 % y la ganadería con 10 %, adicionalmente apoya al sector industrial proveyéndole de materia primas.
• Más del 60% de las exportaciones totales son de origen agropecuario.
• Más del 35% de la PEA encuentra ocupación en las actividades agropecuarias.
• La población satisface sus necesidades alimentarías en un 80% con producción proveniente del sector agropecuario.
• El 44 por ciento de los alimentos son importados, lo que significa que hay un modelo económico que depende cada día más del mercado.
• 83 mil pequeños productores de granos básicos a nivel nacional es la meta que tiene prevista para brindar apoyo financiero el MAGFOR, para las tres épocas de siembra del ciclo productivo 2009-2010.
• Según el MAGFOR en la siembra de primera se financiará a 45 mil pequeños productores de arroz, frijol, maíz y sorgo con 45.4 millones de córdobas.
• En Nicaragua (al igual que en otros países en desarrollo) los alimentos representan el rubro de gasto más importante en las canastas familiares (38.5%)
• En 2006 los cultivos de consumo interno representaron el 73.4% del área cosechada.
• Nicaragua es el país centroamericano con mayor potencial de desarrollo en el sector agropecuario. Su disponibilidad de aguas, suelos y recursos humanos son suficientes para alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
• De acuerdo con el Censo Nacional 2005, 64% de una población de 5.14 millones es afectada por la pobreza.

VI. Las Obligadas Recomendaciones

Es imperativo alcanzar la unidad de la Región en materia de legislación, normas regulatorias e infraestructura tecnológica que priorice los intereses de Mesoamérica, sin dejar de observar los intereses de cada país.
Cada país debe elaborar una agenda temática incluyente de todos los actores a distintos niveles territoriales que pueda derivar en un plan de acción e incidencia bajo la premisa de la unidad Regional.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen que buscar las vías más plausibles para hacer que la administración pública asuma su rol protagónico en el diseño de políticas públicas que reviertan el desmontaje del mundo rural.
La consulta y el consenso ciudadano en busca de un modelo agro-productivo adaptado a las costumbres y necesidades del binomio urbano-rural que trascienda intereses sectoriales.
El diseño de un programa económico-financiero nacional que rompa las brechas en la distribución del ingreso y del gasto social rural-urbano.
La ampliación del espectro de alianzas bajo el concepto de mercado justo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, contando con el auspicio del gobierno central.
Combatir el analfabetismo en materia alimentaria para discernir entre lo saludable o no a través del sistema de educación formal e informal.
Fortalecer las alianzas externas para detectar las irregularidades contenidas en las etiquetas de los alimentos importados.
Dirigir recursos para la creación de infraestructuras tecnológicas que validen los alimentos exportados e importados bajo normativas de horizontalidad Norte-Sur.

Este trabajo fue presentado por el Lic. José Luis Romero Molina, investigador y coordinador del área de Políticas públicas del CIELAC, en el 2° encuentro de investigadores, organizado por el Departamento de Investigación y Posgrado en noviembre del 2009 en la Universidad Politécnica de Nicaragua.


El narcotráfico en A.L.

El narcotráfico en América Latina: causa común

José Luis Romero Molina*


END - 21:40 - 22/03/2010

Desde diciembre de 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, 18 mil personas han sido asesinadas en México en hechos vinculados con la narcoactividad. La cifra de muertes y la actual escalada de violencia que azota ese país muestran la inefectividad de la agenda de políticas públicas implementada por la actual administración mexicana y el financiamiento de un billón de dólares por el gobierno estadounidense para reducir la pandemia.

Sólo en Ciudad Juárez, fronteriza con la ciudad estadounidense de El Paso, se registran, en lo que va de 2010, más de 500 homicidios vinculados con la ola de violencia generada por la narcoactividad; 123 de ellos en los primero 15 días del mes de marzo.

Igual que poderosas corporaciones, los cárteles de la droga en México se han escindido dando lugar a nuevos grupos bien armados y con suficientes recursos para luchar entre ellos y en contra de las estrategias gubernamentales antidrogas; los aproximadamente 40 billones de dólares que anualmente genera el contrabando de drogas hacia Estados Unidos son suficientes para seguir escalando el conflicto.

El discurso pronunciado por el presidente Calderón, en marzo pasado, en la VIII Convención Nacional American Chamber of Commerce of Mexico, muestra una perspectiva de la responsabilidad del gobierno y pueblo de EU en la lucha contra el mercado internacional de armas y drogas, y sus efectos en la región latinoamericana:

…“el crimen organizado representa un desafío, tanto para México, como para los Estados Unidos de América. Nuestras naciones podrán enfrentar este reto sólo a través de la cooperación y del entendimiento”,…”el hecho indiscutible de que Estados Unidos sea el principal mercado de drogas del mundo, de que millones de norteamericanos se dediquen a consumir o a traficar drogas, de que también sea el principal mercado de armas para las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera, nos obliga a las autoridades de ambos países a reforzar los mecanismos de cooperación”.

La perspectiva planteada por el gobierno mexicano es valiosa, pero si no es acompañada por una reforma realista de las políticas de drogas en la región latinoamericana seguramente fallará; los 30 últimos años de guerra contra las drogas han surtido efectos limitados, las legislaciones nacionales se han calcado de convenios y organismos internacionales, así como de las políticas prohibicionistas impulsadas desde Estados Unidos, las que tienen antecedentes fehacientes de fracaso (Ley Seca, Chicago, 1920-1932).

La normatividad internacional sobre drogas (Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas de 1961), se ha convertido en un valladar, ya que su eje fundamental es limitar los usos de las drogas controladas a fines médicos y de investigación científica; todos los demás usos deben ser reprimidos y eliminados. Lo anterior implica que los países enfrentan amplias restricciones para experimentar con políticas alternativas que se aproximen a posiciones realistas como la despenalización, legalización y otras opciones que puedan ser exitosas.

En el plano local, el marco legal existente es suficientemente laxo cuando se trata de penalizar el consumo o la tenencia de pequeñas cantidades de sustancias controladas, con penas de seis meses a tres años de privación de libertad. En cuanto al acceso al mercado de drogas, es relativamente fácil conseguir drogas de distinto tipo en las principales ciudades del país y las autoridades policiales se inclinan más por ejercer el modelo de colaboración policía-comunidad que un modelo abiertamente represivo y de “mano dura”.

La declaración de febrero 2009 de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los ex-presidentes Cardoso (Brasil), Zedillo (México) y Gaviria (Colombia), sostiene que la solución de largo plazo pasa por la reducción de la demanda en los países consumidores. Expone como temas claves de la acción represiva, la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes, planteando como precondiciones tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública y promover su reducción.

El amplio consenso acerca de las amenazas que las drogas representan sobre el tejido social, constituye una enorme ventaja para incidir en los tomadores de decisión, y lograr un diseño de políticas eficaces y acciones adecuadas a nuestras realidades económicas, políticas y culturales.

La apertura de una discusión regional que incluya no solo a los gobiernos sino a amplios sectores sociales se hace improrrogable frente a los hechos. Gobiernos y ciudadanos debemos asumir el reto de acercar posiciones desvinculadas de concepciones ideológicas que entorpezcan un análisis científico de tan complejo problema.


* Investigador y Coordinador del Área de Políticas Públicas del CIELAC-UPOLI.

La representación política

El paradigma asfixiado

José Luis Romero Molina*

END - 22:30 - 11/03/2010

La representación política, entendida como las relaciones que comunican a los ciudadanos con quienes ejercen el poder, ha atravesado en Nicaragua distintas etapas cargadas de negativas influencias exógenas, como las intervenciones militares y políticas de súper potencias económicas, y endógenas a partir de la persistencia de la idea, en las principales fuerzas políticas nacionales, que la política es un excelente e infalible vehículo de enriquecimiento, impunidad y perpetuidad en el poder.

La triádica piramidal que delinea la representación política en un sistema democrático, planteada por algunos teóricos, es suficientemente explícita: en la base la ciudadanía (cuerpo a ser representado y principal actor en tal relación); las fuerzas políticas en el segundo escalón piramidal (entidades designadas para ejercer la representación) y en el vértice, al tratarse de una representación ejecutada por el partido político, se ubica el representante individual o candidato quien se constituye como agente de la representatividad partidaria.

La historia política reciente de Nicaragua no deja dudas de que la funcionalidad piramidal antes descrita sigue siendo una necesidad; baste mencionar la dictadura somocista y su estilo de representatividad política, en donde la escala de selección para optar a cargos políticos y públicos perduró incólume durante los más de cuarenta años de permanencia en el poder: servilismo a toda prueba.

Los cambios operados en el sistema de representación política a partir de la caída de la dictadura (1979) estuvieron salpicados de circunstancias particulares, que a la larga se convirtieron en sus propios obstáculos evolutivos; el sangriento conflicto armado que postergó la apertura de un sistema partidario amplio e inclusivo y la adopción de posiciones ideológicas, por parte del FSLN, demasiado cercanas a los pregonados principios de un marxismo anacrónico en franca decadencia, en donde el principal objetivo fue perpetuarse en el poder .


El fin de la Guerra Fría, la derrota electoral del FSLN y el ascenso del mundo unipolar (global o neoliberal, indistintamente), marcó el inicio de “nuevas ideas” refundadas en la democracia occidental: en política, democracia participativa y descentralización estatal; en economía, el decálogo del llamado Consenso de Washington.

El resultado de la aplicación irrestricta del recetario político-económico no se hizo esperar; el “nuevo modelo”, operado por unas frágiles y espurias coaliciones multipartidarias reducidamente representativas de los intereses ciudadanos, dio continuidad histórica a los errores del pasado a lo largo de tres administraciones; Chamorro (1990), Alemán (1997) y Bolaños (2002): elites dirigentes incapaces de generar institucionalidad y legalidad partidaria, persistencia del concepto Estado-botín y obediencia fiel a los dictados del filibusterismo financiero-monetario internacional.

El fracaso del modelo neoliberal pesó más que la raída credibilidad de Ortega, ello le valió recibir el favor del voto ciudadano en representación del FSLN en condiciones de legitimidad, legalidad y credibilidad sumamente discutibles, pero avaladas por las elites de los partidos contendientes más “representativos”.

El PLC de Alemán modificó el porcentaje de votos necesarios para que Ortega pudiera tejer su triunfo; Montealegre y su (entonces) ALN visitó raudamente a Ortega para felicitarlo por su triunfo cuando aún no se terminaban de contar los votos y una amplia masa ciudadana dio “el beneficio de la duda” a Ortega, ya que esta vez no gobernaría bajo una guerra civil, contaría con unas finanzas públicas relativamente saneadas y planteó una campaña plagada de promesas de “reconciliación” y “tolerancia”, “empleo para todos” e “inversión social”.

La gestión político-partidaria de Ortega ha generado resultados muy endebles en función de reducir la crisis de representación política, lo cual se visibilizó en los entretelones de las elecciones municipales 2008: mecanismos de selección de candidatos de tipo minoritario, es decir por la cúpula o elite partidaria; selección de cuestionados candidatos por actuaciones reñidas con la ética y ampliación de la brecha que separa a la ciudadanía y los candidatos propuestos.

Las fuerzas partidarias deben asumir con responsabilidad su rol histórico frente a la influencia creciente de los medios de comunicación masiva, la centralidad del individualismo consumista y una marcada decadencia de la identidad cultural. La lógica operativa político-partidaria actual debe ser reformada, corresponde a sus líderes encarar con entereza la debilidad estructural de sus instituciones.

El reto está planteado, las fuerzas partidarias, grandes y pequeñas, de hecho ya han reducido su credibilidad e influencia ciudadana a los mínimos permisibles; continuar por este camino sólo garantizará su extinción natural, o bien, empujará a la sociedad a tomar acciones que les anulen y sustituyan.

*Investigador y Coordinador del Área de Políticas Públicas del Cielac-Upoli.

Amnistía en Nicaragua

De amnistías y perdones: otro impúdico episodio

José Luis Romero Molina

Investigador del CIELAC

14:31 - 13/02/2010

Blogs y encuesta
Este artículo fue seleccionado como uno de los tres más leídos y comentados de la semana en el blog ciudadano del Nuevo Diario


“Cuando es más corrupto el estado, hay más leyes.”
Cornelio Tácito



La mafia política nacional parece no cejar en su empeño de querer encerrarnos, a todos los nicaragüenses sin excepción, en el corral donde ellos ejecutan su más sórdida voracidad por detentar el poder. El episodio más reciente está marcado por dos capítulos de una misma trama matrera: la amnistía para el estelar dueto “opositor” Alemán-Montealegre por un lado; y por el otro, el sobreseimiento definitivo dictado por una representante de la “justicia” de los reconocidos usurpadores del erario, Byron Jerez y Esteban Duquestrada; ambos ex funcionarios de la administración Alemán, correspondiendo al primero un sitial en “cuadro de honor” al malversar fondos destinados a las víctimas del huracán Mitch.

El primer capítulo está protagonizado por un elenco “de lujo” extraído de las mismas entrañas de la erróneamente denominada Asamblea Nacional, el que propugna por el perdón definitivo del dúo “opositor”, bajo el principio de “hoy por ti, mañana por mí”.

El segundo capítulo del sainete de marras, aunque carece de autoría intelectual visible, es de amplia especulación pública el nombre del titiritero que mueve el tinglado y cuyo principal objetivo es contar con dos “ases” que con sus testificales puedan acercar a presidio a la disfuncional pareja “opositora”.


El escenario montado para el desenlace se aproxima más bien al reñidero de una gallera (con el respeto que estos nobles emplumados se merecen), en donde los gritos de “voy al pinto” o “voy al colorado” se transfiguran en graznidos exigiendo “cárcel para los ladrones”. Esta exigencia “justiciera” se tiñe de ridiculez al examinar el conglomerado de saltimbanquis que la compone: sicarios del periodismo y tránsfugas políticos.

Lo singular de esta “gallera politiquera” es que de cumplirse la exigencia planteada por estos “justicieros” muy seguramente nos llevaría al borde del caos, o quizás al caos total; el sistema carcelario colapsaría en razón de días (carece de espacio para dar alojamiento a parte de los “justicieros”, a sus amos y a muchos otros que no conocemos), la variedad y amplitud de convictos generaría efectos impensables: cierre de micros y macro financieras, cierre de grandes, pequeñas y medianas empresas.


Lo que sí es cierto, y creo que hay que admitirlo, es que la tragicomedia que a diario presenciamos ya ni siquiera tiene las mínimas luces de bandidencia, carece totalmente de imaginación. Apretar la podredumbre por un lado a sabiendas que puede salir pus por cualquier lado, es el episodio que todos los nicaragüenses conocemos.