Introducción
La temática de esta ponencia trata dos aspectos de la vida económica y social reciente que han impactado nuestro modelo productivo y su lógica económica interna y externa, así como nuestras expresiones de organización, participación e incidencia en la definición del quehacer del gobierno a diferentes escalas: nacional, regional, departamental, municipal y local.
El denominado Consenso de Washington (1990) y su política de ajuste estructural basada en políticas neoliberales implicaron la reducción de responsabilidades del gobierno central; en 1994 el Ejecutivo creó una Comisión Sectorial para
De lo anterior se deriva un modelo económico impuesto desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades financieras internacionales, con expresiones municipales establecidas en un conjunto de leyes que otorgan mayores responsabilidades a los gobiernos locales y a la sociedad civil (Ley de Régimen Presupuestario Municipal, Ley de Transferencias Presupuestarias hacia los Municipios de Nicaragua y Ley de Participación Ciudadana) en función de que estos llenaran los vacíos dejados por el gobierno central en aspectos vitales de la vida cotidiana: Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento Ambiental, entre otros.
Diversos factores han incidido en la reducida y asimétrica dinamia del proceso de descentralización; las causales son de orden político, cultural, técnico-económico y geográfico: la reticencia de las elites político-burocráticas de disminuir sus capacidades de decisión desde los niveles centrales; la reducida práctica del diálogo y la tolerancia entre actores con opiniones contrapuestas; la desconfianza entre los niveles municipales y los niveles centrales; la ausencia de una estrategia que permita la creación de capacidades locales y la transferencia de recursos tecnológicos básicos y limitado acceso a municipios empobrecidos, lo que los convierte en poco atractivos para técnicos y burócratas.
La trillada idea del Estado facilitador de un modelo de mercado global, alejado de los intereses y necesidades nacionales, se ahogó bajo la pugna de una clase política corruptible y supeditada a intereses de entidades financieras internacionales dirigidas por gobiernos y organizaciones filibusteras.
Podríamos conversar por horas sobre estos temas, pero el factor tiempo nos limita. Ello nos obliga a tratar de alcanzar conclusiones, o aproximarnos a ellas, distanciadas de tecnicismos extremos o confusas construcciones teóricas. El camino recorrido por la sociedad nicaragüense desde 1990 y su férrea voluntad de debatir, incidir y decidir en la toma de decisiones y en el establecimiento, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, lo que se ha hecho a través de expresiones organizadas o a título individual, nos comprometen a seguir adelante, a empujar acciones que nos permitan enfrentar la avalancha de problemas globales: el cambio climático, la crisis alimentaria, la dependencia de combustibles fósiles, la adicción a las tecnologías y las crecientes inequidades de todos conocidas.
El Fenómeno de
Para países como el nuestro la globalización, también llamada mundialización, conducida desde los países centrales o desarrollados, no ha significado una inserción simétrica entre países, es decir que dicho proceso no ha tomado en cuenta las regularidades y particularidades socioeconómicas de las economías regionales (caso de los Tratados de Libre Comercio, el marco legal, el gasto público, las políticas tributarias, etc.)
Las disparidades internas también son visibles cuando presenciamos actividades y grupos económicos beneficiados, bajo las políticas neoliberales, con acceso al crédito, exoneraciones de impuestos, tecnología de punta, acceso a mercados e incidencia en la legislación nacional para su propio beneficio, entre otros. Ello ha transformado a Nicaragua en uno de los países latinoamericanos con mayor inequidad en la distribución del ingreso.
Un estudio realizado en el año 2007 por
La formula mágica del dominio del Mercado sobre
a) El escenario 1980-2006 y el fracaso del modelo
Los años ochenta se caracterizaron por la crisis de la deuda externa en los países periféricos o subdesarrollados; Nicaragua actuó en un escenario diferente dada su involucramiento directo en el conflicto Este-Oeste a través de la denominada Guerra Fría y que desembocó en la debacle del modelo de economía socialista dirigido desde
A inicios de los años noventa se evidencia la implantación de un modelo político-económico unipolar, regentado por los países centrales con Estados Unidos a la cabeza, iniciando así el proceso de globalización vinculado a los intereses del capitalismo global y a las políticas neoliberales de su desarrollo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dictó la implementación del Programa de "Servicio Reforzado de Ajuste Estructural" (conocido como ESAF por sus siglas en inglés), con una primera versión 1994-1996 y una segunda con variantes mínimas entre 1998 y 2001 (ESAF 2), ambas versiones centraron sus ejes en un accidentado y acelerado proceso de privatizaciones de empresas y servicios públicos, la reducción del Estado, la contracción del gasto social y por supuesto la garantía de continuar el pago de la deuda externa. Para el año 2002 y hasta 2005, el ESAF experimenta un proceso de "maquillaje", cambiando su nombre por el de "Servicio para el Crecimiento y
El PRGF no contemplaba enfrentar decididamente las raíces de nuestros profundos problemas socioeconómicos, el único cambio visible era un modesto incremento en el gasto social el que en términos generales logró modestos progresos en los principales indicadores socioeconómicos. Los logros del PRGF son coincidentes con la inserción de Nicaragua en
Según el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE), el índice de pobreza se elevó de 45.8% en
b) El Programa Económico Financiero 2007-2010 (PEF): retórica oficial y práctica económica.
En Octubre de 2007, el FMI y el gobierno de Nicaragua suscribieron el PEF 2007-2010, el que por primera vez incluyó un componente de política social a la par de las tradicionales políticas fiscal, monetaria y comercial. El persistente asistencialismo de los acuerdos anteriores fue redimensionado hacia componentes productivos, tales como:
§ Programa Hambre Cero en el sector rural y Usura Cero en el área urbana.
§ La formación de una Banca de Fomento dirigida al sector agrícola, especialmente hacia pequeños y medianos productores.
§ Restitución de la gratuidad de los servicios de educación y salud.
§ Formular Programas y Proyectos de cara a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
§ Dirigir la cooperación externa hacia los sectores vulnerables y priorizados.
El primer ejercicio presupuestario del actual gobierno se comienza a ejecutar a partir de 2008; a pesar de la secretividad y las cortinas de humo creadas desde el Ejecutivo existen indicativos que evidencian algunos rasgos de la lógica económica del actual gobierno:
Ø Reestructuración de la deuda externa por liquidaciones bancarias (promesa)
Ø El 22% del gasto total para
Ø Implementar una Reforma Tributaria que reduzca exenciones y exoneraciones en búsqueda de equidad en la distribución de la carga impositiva (promesa)
Ø Más de 1 millón de nicaragüenses miembros de los CPC ejerciendo
Ø Dignificar la carrera de Servicio Público (promesa)
Ø “A pesar de la promesas de estabilidad laboral del Presidente Ortega, el año pasado se contabilizaron 5 mil casos de despidos en el área estatal, además hay violaciones al fuero sindical y se muestra mucha ineficacia por parte del Ministerio del Trabajo para que se acaten sus resoluciones para resarcir los daños”[1] (realidad)
Ø El 6% para las Universidades, sin titubeos y tribulaciones, automáticamente, a tiempo y todos los años (promesa)
Ø Ingresos provenientes de la ayuda venezolana no se incluyen en el Presupuesto General de
Ø Desarrollar planes para la eventualidad de huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y sequías (promesa)
Ø Vamos a defender a los productores que resulten afectados por el CAFTA, con medidas de protección, mientras se renegocia el CAFTA (promesa)
Ustedes tienen la palabra.
Participación Ciudadana en Nicaragua
a) Una aproximación al contexto histórico.
El tema de la participación ciudadana casi siempre está vinculado a la democracia participativa y directa, entendida ésta como el ejercicio del poder ciudadano en los asuntos públicos sin que sea condición ser parte del gobierno o los partidos políticos. Su origen histórico se remonta a las Ciudades-Estado griegas (principalmente Atenas, año 500 al
Posteriormente la humanidad atraviesa por el período absolutista, el cual anula a la sociedad bajo la sombra del Estado.
Las nuevas ideas liberales que se diseminaron en el mundo se manifestaron en Nicaragua con la llegada al poder del gobierno liberal de José Santos Zelaya López (1893-1909) a través de la promulgación de
Desde la caída de Zelaya, provocada por la intervención norteamericana, hasta el derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979, asistimos a un largo período involutivo que con el ascenso al poder del FSLN parecía llegar a su fin. La realidad mundial expresada en el conflicto Este-Oeste, desde la perspectiva ideológica; y la profundización de las brechas Norte-Sur, en el plano económico, condicionaron el involucramiento de Nicaragua en uno de los bandos protagónicos de la denominada Guerra Fría.
El escenario descrito anteriormente y la declaración de Guerra de Baja Intensidad (GBI) por parte del gobierno norteamericano generaron un conflicto político-ideológico-militar que desembocó en una guerra civil provocando un enorme deterioro de la economía así como de pérdidas humanas que no permitió a Nicaragua ocuparse de sus problemas en una medida deseable y que a la larga estancó las posibilidades de avanzar en la construcción de un modelo democrático ajustado a los intereses y aspiraciones de la mayoría de nicaragüenses.
b) Evolución del Marco Jurídico.
En términos de nuestro marco jurídico encontramos que la ruta crítica seguida en aras de lograr un modelo que armonice las relaciones entre los ciudadanos y sus autoridades nacionales, regionales o locales, se fundamenta en nuestra Carta Magna a través de diversos artículos constitucionales: 2, 7, 30, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 69, 81, 99, 101, 110, 111, 118, y 131 Cn.; incluso los artículos 89 y 90 Cn. están referidos a derechos de los habitantes de
A partir de 1988 se han promulgado leyes específicas para el apuntalamiento efectivo del modelo deseado; debe destacarse en ese sentido las leyes siguientes:
- Ley de Municipios (Ley 40 de 1988), la cual posiciona al municipio como el espacio político-administrativo y territorial con amplias facultades para autogobernarse, organizarse y establecer sus propios planes y programas de desarrollo.
- Ley de Régimen Presupuestario Municipal (Ley 376 de 2001), que tiene como objeto establecer las normas y principios generales que requieren las municipalidades en términos de su presupuesto (elaborar, aprobar, modificar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar).
- Ley de Transferencias Presupuestarias hacia los Municipios de Nicaragua (Ley 466 de 2003), que establece la transferencia del 10% del Presupuesto General de
- Ley de Participación Ciudadana (Ley 475 de 2003), la cual consigna la participación ciudadana como un derecho fundamental y establece normas y regulaciones de dicha participación en asuntos nacionales y locales. Así mismo promueve la transparencia en el manejo de la cosa pública y la gobernabilidad del Estado.
c) Acontecimientos recientes
El último episodio legal referido a
Ø Eje partidario: su implementación es responsabilidad del Frente Sandinista a través de su estructura territorial y gobiernos municipales sandinistas.
Ø Eje jurídico: mandata que el modelo debe institucionalizarse a través de ordenanzas municipales y que las Asambleas del Poder Ciudadano tengan decisión en la gestión municipal.
Ø Eje administrativo: ordena crear instancias de atención a la comunidad que promueva y organice la participación de la población en coordinación con las autoridades partidarias del municipio.
En las elecciones municipales del 2000 el FSLN mantuvo el número de alcaldías bajo su control (52), logrando 11 de las 17 cabeceras departamentales, lo que significó un sustancial aumento del porcentaje de población bajo sus gobiernos (60% contra 25% alcanzado en las elecciones de 1996).
Aún cuando este escenario, en términos políticos, se calificara como ventajoso para el impulso del Modelo de Gestión Municipal Sandinista, la práctica mostró lo contrario. Un estudio desarrollado por
El retorno al poder del FSLN en 2007 significó, a través del Decreto 03-2007 la creación del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, el que mandata la creación de Consejos de Ciudadanos a todos los niveles territoriales (comarcal, local, distrital, municipal, departamental y de las Regiones Autónomas) en coordinación con un conjunto de concejos dirigidos desde
El Decreto 03-2007 expresa como objetivo central de la creación de las instancias mencionadas "…volver una realidad nacional la democracia de ciudadanía por medio de la democracia directa"[2]. Este Decreto se convirtió en la manzana de la discordia entre la clase política representada en
El decreto en mención restó funciones a los CPC, principalmente en el manejo de recursos y selección de beneficiarios en los emblemáticos Programas de Hambre Cero, Usura Cero y distribución de granos básicos.
En términos operativos la estructura de los CPC no hace ningún aporte novedoso al modelo de participación ciudadana existente ya que la instancia de toma de decisiones es privativa del Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, compuesto por 272 personas (artículo 3, Decreto 112-2007), presidido por el Jefe del Ejecutivo, e integrado por el círculo de confianza del Presidente:
Hasta hoy el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, su reglamento y estatutos no pasaron de ser letra muerta y más bien el único resultado tangible de su organización es la defensa truculenta que de los CPC ha hecho
d) Algunas reflexiones necesarias.
Ø La actual situación de Nicaragua demanda la ampliación de la democracia política y social en función de lograr articular unas relaciones Estado-Sociedad armoniosas y funcionales que tienen como reto principal lograr un modelo de ejercicio de ciudadanía que profundice las conquistas democráticas.
Ø La necesidad de una acción colectiva que redefina el rol ciudadano dada la presencia de una elite burocrática partidaria que concentra las decisiones políticas, ya sea ligada al mantenimiento de inmunidades e impunidades o a la adopción de decisiones típicas de una economía dependiente de los intereses transnacionales.
Ø El ejercer ciudadanía ha implicado cambios en cuanto a deberes y derechos y su complejización implica que sus manifestaciones van más allá del ejercicio del sufragio.
Ø El postular la democracia directa como contraposición a la democracia representativa implica, entre otras cosas, una total independencia del Estado por parte de los delegados, por lo que podemos afirmar que el modelo planteado sigue arrastrando vacíos de legitimidad.
ANEXOS
Instrumentos de participación ciudadana (artículos 2 y 3 de
1. La iniciativa ciudadana en general para el caso de las normas de ámbito nacional, regional autónomo y municipal.
2. La consulta ciudadana de normas en la fase del dictamen, en el ámbito nacional, regional autónomo, departamental y municipal.
3. Las instancias consultivas para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito nacional, regional autónomo, departamental y local.
4. Las asociaciones de pobladores, las organizaciones sectoriales, gremiales, sociales, organizaciones de jóvenes y mujeres en el ámbito municipal.
5. Los Cabildos Abiertos Municipales.
6. Los Comités de Desarrollo Municipal y Departamental.
7. Petición y denuncia ciudadana.
Definiciones básicas (artículo 4 de
- Ciudadano: Son todas las personas naturales en pleno goce de sus derechos civiles y políticos en capacidad de ejercer derechos y obligaciones en lo que hace al vínculo jurídico con el Estado.
- Democracia: Sistema político y forma organizativo de la sociedad, en la que ésta participa y decide libremente la construcción y perfeccionamiento del sistema político, económico y social de la nación.
- Democracia representativa: Es el ejercicio del poder político del pueblo por medio de sus representantes y gobernantes libremente electos por medio del sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación en donde el pueblo, la nación y la sociedad son los elementos fundamentales para la elección de las personas que se encargarán de la dirección y administración del país.
- Democracia participativa: Es el derecho de los ciudadanos a participar efectiva y directamente en igualdad de condiciones en los asuntos públicos nacionales y la gestión local a fin de dar la plena garantía a su participación.
- Estado Social de Derecho: Es la subordinación o limitación del poder público y las actividades privadas a la ley, y en donde el desarrollo del Estado tiende a corregir las contradicciones económicas de la sociedad.
- Participación ciudadana: Es el proceso de involucramiento de actores sociales en forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades de la administración del territorio nacional y las instituciones públicas con el propósito de lograr un desarrollo humano sostenible, en corresponsabilidad con el Estado.
- Políticas Públicas: Es el conjunto de disposiciones administrativas que asume el poder público para hacer efectiva el ejercicio de la administración de la cosa pública y el cumplimiento de sus atribuciones y funciones.
Sociedad Civil: Es un concepto amplio, que engloba a todas las organizaciones y asociaciones que existen fuera del Estado, incluyendo a los partidos políticos y a las organizaciones vinculadas al mercado. Incluye los grupos de interés, los grupos de incidencia, sindicatos, asociaciones de profesionales, cámaras de comercio, empresariales, productivas, asociaciones étnicas, de mujeres y jóvenes, organizaciones religiosas, estudiantiles, culturales, grupos y asociaciones comunitarias y clubes deportivos.
Bibliografía consultada
Contreras, Félix “Marco Jurídico de Participación Ciudadana”, DRS, documento fotocopiado, Managua, 2007.
Serra, Luis “La sociedad civil nicaragüense: sus organizaciones y sus relaciones con el Estado”, Centro de Análisis Socio-Cultural, Universidad Centroamericana, Managua, 2007
Borja, Jordi "Ciudadanía y Globalización", en revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 22 Febrero 2002. Venezuela.
Prado, Silvio “Modelos de participación ciudadana y presupuestos municipales, entre los CDM y los CPC”, Centro de Estudios y Análisis Político, Managua, 2008.
Cunill, Nuria "La rearticulación de las relaciones Estado- sociedad: en búsqueda de nuevos sentidos". Revista del CLAD Reforma y Democracia Nº 4, 1995. Caracas, Venezuela.
Coraggio, José Luis "La agenda del desarrollo local" en www.chasque.net/guifont/coraggio.htm
Castro, Ana y Evangelista, Elí " Investigación en Políticas Sociales”. Revista de Trabajo Social Nº 21, UNAM. 1998
La participación ciudadana que queremos. Documento en línea. Red Nicaragüense por
Decreto 3-2007,
Decreto 112-2007 del 29 de Noviembre de 2007.
Fragmentos del Modelo de gestión municipal sandinista. 2004.
Programa de Gobierno, Alianza Unidad, Nicaragua Triunfa. 28 de Mayo de 2006.
Revista Envío No. 224, Universidad Centroamericana, Noviembre 2000.
Avendaño, Néstor "El Riesgo Social de Nicaragua". Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES), Nicaragua, 2008.
OIT-OMC, Trade and Employment: Issues for Policy Research, Ginebra, 2007.
OIT-PREALC, Dinámica del Subempleo en América Latina, Serie Cuadernos de
Revista
Rodrik, D, Políticas de Diversificación Económica, Revista de
Velasco, A. Why doesn't Latin America grow more and what can we do about it? Kennedy School of Government, Harvard University, 2005.
Maestro, Irene y Martínez, Javier. Elementos de discusión sobre la cooperación para el desarrollo en el capitalismo global, X Jornada de Economía Crítica, Universidad de Barcelona, Barcelona, Marzo 2006.
